La incorporación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) al sistema jurídico español supone uno de los cambios más relevantes en la concepción contemporánea de la justicia. La nueva regulación —especialmente tras la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia— no solo introduce un requisito procedimental previo al proceso judicial en numerosos ámbitos civiles y mercantiles, sino que plantea una auténtica transformación cultural: pasar de la justicia de imposición a la justicia de acuerdo. Sin embargo, más allá del diseño normativo, la verdadera cuestión es otra: ¿Serán los MASC útiles para resolver conflictos reales? ¿Serán creíbles para profesionales y ciudadanos? ¿Serán eficaces para mejorar la justicia?
Desafíos de la Ley 1/2025 en la Justicia Española
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supone un cambio estructural en la cultura jurídica española. La incorporación obligatoria de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como presupuesto de procedibilidad procesal no es solo una reforma técnica: es una transformación del modelo de resolución de conflictos. Sin embargo, como toda reforma profunda, su éxito no dependerá únicamente del texto legal, sino de su aplicación real. La Ley 1/2025 abre oportunidades, pero también plantea retos decisivos para el sistema jurídico español. Entre ellos destacan cuatro desafíos clave: evitar la burocratización del MASC, garantizar la calidad profesional, homogeneizar acreditaciones y formar adecuadamente a los operadores jurídicos.
Transformación Judicial con los MASC: Ley 1/2025
La Ley Orgánica 1/2025 introduce una transformación estructural en el proceso civil y mercantil español al consolidar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como presupuesto de procedibilidad en un amplio elenco de asuntos. Nos encontramos ante una reforma que no solo tiene naturaleza procesal, sino también cultural y estructural, al desplazar el centro de gravedad del sistema desde el litigio hacia la responsabilidad negociadora de las partes.
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