La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supone un cambio estructural en la cultura jurídica española. La incorporación obligatoria de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como presupuesto de procedibilidad procesal no es solo una reforma técnica: es una transformación del modelo de resolución de conflictos. Sin embargo, como toda reforma profunda, su éxito no dependerá únicamente del texto legal, sino de su aplicación real. La Ley 1/2025 abre oportunidades, pero también plantea retos decisivos para el sistema jurídico español. Entre ellos destacan cuatro desafíos clave: evitar la burocratización del MASC, garantizar la calidad profesional, homogeneizar acreditaciones y formar adecuadamente a los operadores jurídicos.