La incorporación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) al sistema jurídico español supone uno de los cambios más relevantes en la concepción contemporánea de la justicia. La nueva regulación —especialmente tras la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia— no solo introduce un requisito procedimental previo al proceso judicial en numerosos ámbitos civiles y mercantiles, sino que plantea una auténtica transformación cultural: pasar de la justicia de imposición a la justicia de acuerdo. Sin embargo, más allá del diseño normativo, la verdadera cuestión es otra: ¿Serán los MASC útiles para resolver conflictos reales? ¿Serán creíbles para profesionales y ciudadanos? ¿Serán eficaces para mejorar la justicia?